Los trabajadores sexuales siempre han sido considerados un grupo de riesgo con respecto a las enfermedades de transmisión sexual. La antiguamente llamada prostitución es una profesión que se ha impuesto en diversas épocas y culturas, y ha sido objeto de discriminación y persecuciones sin que, generalmente, sus enemigos hayan podido controlarla con éxito.

Diversas condiciones personales y sociales hacen posible el florecimiento de esta actividad en sus muchas formas y estilos. Entre estas condiciones se cuentan la necesidad económica de franjas sociales cada vez más amplias, la falta de oportunidades de la mujer en los mercados del trabajo, y la profunda insatisfacción sexual de no pocas personas que funcionan como clientes de los trabajadores del sexo o consumidores del producto sexual.

Melissa Ditmore y Penelope Saunders (*) proponen distinguir perfectamente entre trabajo sexual y tráfico sexual, cuando el primero es "la presencia voluntaria en el negocio del sexo", mientras que la segunda opción es la explotación de personas a través de ese negocio.

Muchas veces, según las autoras, la misma legislación que regula la prostitución facilita la violencia y el abuso de quienes la ejercen, aumentando el riesgo de contraer VIH u otras enfermedades de transmisión sexual (ETS). La autoridad de aplicación, habitualmente la fuerza policial, muchas veces se sirve de estas normas para exigir dinero o favores sexuales a estos trabajadores. Esto hace que ellos no frecuenten los servicios de atención que, muchas veces, facilitan su identificación y abuso al violar la confidencialidad médica.

En muchos países, mujeres y niños son obligados a mantener relaciones sexuales por dinero y en contra de su voluntad. La mayoría de las veces, sus explotadores ni siquiera los dotan de los esenciales elementos de prevención, entre los cuales el preservativo es el más útil y eficaz. Estas personas constituyen verdaderamente un grupo en riesgo de contraer ETS, entre las cuales el VIH/SIDA es la más temida.